Estos hechos serían los causantes de uno de los pleitos más largos y famosos entablados por ambas partes. Mientras que en las "Memorias" de don Niceto, apenas, si nombra estos sucesos, en las de José T. Valverde ocupan más de un capítulo.

            Éste, al contarnos los hechos, lógicamente lo hace desde su óptica, no llega ni a nombrar a los encausados, cuando publica un libro relatándolos treinta años después de lo sucedido. Repasando las cuentas municipales, dicen encontrar unos descubiertos de 38.438'16 pesetas procedentes de la recaudación de impuestos municipales y repartos de utilidades de varios años. Primero, le son exigidas, mediante expediente, al ex recaudador Francisco Adame Hernández, que interpone recurso de alzada que es denegado por el Gobernador, pero más tarde, demuestra que esta cantidad la tiene entregada y le es exigida de una forma mancomunada y solidaria a Luis Alcalá‑Zamora y Aguilera, ex depositario; a Rafael Valverde Cubero, ex contador; y a los ex alcaldes Enrique Pérez Luque y Carlos Aguilera Jiménez. En septiembre de 1924, Luis Alcalá‑Zamora paga 27.562 pesetas y a los demás le exigen lo que falta, pero interponen un recurso contencioso‑administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento que declaraba su responsabilidad. El Tribunal Provincial confirma en todas sus partes los acuerdos y la responsabilidad del ex depositario.

            Ante esta victoria, la Corporación intenta hacer un homenaje a su alcalde y se pide publicar un folleto, "para el que había ofrecido un prólogo el Sr. Cruz Conde" que contuviera el acuerdo recurrido en vía contenciosa, la demanda, informe de abogados y la sentencia. Ya que con la publicación de este folleto "se dará el mentís más rotundo a ciertos elementos perturbadores que atribuyen a los miembros de esta Corporación una conducta y unos procedimientos contrarios totalmente a la realidad de los hechos". No nos ha llegado a las manos este libreto publicitario si llegó a publicarse[1].

            La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo y se vio a finales de septiembre de 1928, casi cinco años más tarde de su comienzo, después de haberse aplazado varias veces. Y aunque la Sala Tercera del Tribunal Supremo autorizó la entrada de taquígrafos, más tarde, por presiones del Dictador, éstos no pudieron asistir. Pero esto no fue impedimento para que don Niceto, en un alarde de memoria, recompusiera todo su largo discurso y unos días más tarde fuera publicado en Cabra bajo el nombre de "Un informe sin taquígrafos". La vista contó con numerosa presencia del pueblo y periodistas, porque el defensor, Niceto Alcalá‑Zamora, era un primer espada en los foros y tendría como abogado coadyuvante a otro paisano, ahora alcalde, José Tomás Valverde Castilla[2]. El Ayuntamiento, a la vista del informe de don Niceto que se distribuyó por Priego, y considerando que "(...) se desnaturaliza la realidad de los hechos, encendiendo inmotivadamente las pasiones (...)" acuerda autorizar y costear la edición de un folleto explicando lo sucedido. De nuevo, no tenemos noticias de su publicación, si en efecto este acuerdo se llevó a cabo. Aunque el hijo de don Niceto, Niceto Alcalá‑Zamora y Castillo dice que su padre ganó este pleito en todas sus partes, la verdad es que no contentó a nadie y si algo aclaró es que no aclaró casi nada y fue una muestra de una sentencia oscura. En ella, se decía que el acuerdo del Ayuntamiento era válido en cuanto a la existencia de un descubierto, pero que para saber éste, debería abrirse nuevo expediente para conocer con exactitud la existencia real del mismo.

            J. T. Valverde, preguntó por escrito al Tribunal Supremo la explicación de la sentencia, pero lógicamente éste no contestó, por lo que se tuvo que incoar nuevo expediente y el juez instructor dictaminó una falta de 36.138 pesetas, y los responsables deberían ingresar las 8.576'16 pesetas restantes. Éstos, de nuevo, inician todo el proceso que llega de nuevo hasta el Tribunal Supremo que falla en mayo de 1933, ya implantada la República y da la razón, en parte, al Ayuntamiento valverdista, aunque éste tiene que devolver las cantidades cobradas de más[3]. En el ínterin, el contador Rafael Valverde Cubero es repuesto en su cargo de contador (pero se marcha al Ayuntamiento de Granada) de la misma forma que Luis Alcalá‑Zamora y Aguilera, para renunciar finalmente unos meses más tarde, y se repone como recaudador interino a Francisco Adame Hernández[4]. Después de tanto trajín, las aguas vuelven a su cauce, es decir, a estar todo como antes de la Dictadura, pero desde luego no serán las mismas aguas, ya que para quitarle la contaminación de las rencillas no se habían inventado aún maquinas depuradoras para esta dolencia. De ahí que los virus siguieran contaminando.

            Por otra parte, a Francisco Adame le siguen pidiendo premios por sus cobranzas no liquidadas, y muy enfadado escribe un fuerte escrito al Ayuntamiento valverdista cuando se le exigen 4.210,09 pesetas por dicho concepto, que tiene que pagar por vía de apremio. Forma recurso contencioso administrativo y contra la sentencia dictada en primera instancia apela ante el Tribunal Supremo que revoca el acuerdo del Ayuntamiento, dando la razón al Sr. Adame, por lo que se le devuelven las cantidades exigidas[5].

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