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IMPUTAN A LA EXALCALDESA DEL PSOE POR PRESUNTA PREVARICACIÓN. ("ABC". M. Osuna.)
27-09-2013

Francisco Aguilera Granaddos. (Denunciante)
Francisco Aguilera Granaddos. (Denunciante)

La juez investiga la denuncia de un vecino por la tramitación de la licencia de un negocio. El denunciante protestando en el Ayuntamiento por no haberse tramitado su expediente El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Priego ha llamado a declarar como imputados a dos responsables políticos del anterior mandato socialista, la exalcaldesa Encarnación Ortiz y al exconcejal de Urbanismo, Francisco Javier Tarrias Ruiz, por cometer presuntamente un delito de prevaricación. Por el mismo motivo, se cita al anterior secretario municipal, Rafael Ortiz de la Rosa; a la exgerente de Urbanismo, Isabel Gómez García y a la secretaria del mismo área por entonces, Clara Cabezas Zurita. De igual modo también se llama a un técnico de Urbanismo, pero como falleció recientemente, son los anteriores los que tendrán que responder ante la juez de Priego. El turno de declaraciones se iniciará el próximo día 25 de septiembre, con las comparecencias de la que fue secretaria de la Gerencia de Urbanismo. Media hora después, será la exgerente de la misma gerencia de Urbanismo, Isabel Gómez la que comparecerá como imputada. Para el día 2 de octubre, están previstas las declaraciones de los dos responsables políticos del anterior mandato: la de la exalcaldesa Encarnación Ortiz y la de Francisco Javier Tarrias. Finalmente el día 9 del mismo mes cerrará el turno, el anterior secretario municipal ?hoy día ya jubilado? Rafael Ortiz de la Rosa. Todo obedece a una querella presenta por Francisco Aguilera Granados, que desde 2005 reivindica la conclusión de un expediente en el que solicitaba una licencia para actividades, turísticas y de restauración, que desde entonces, según defiende el interesado, no ha sido tramitada por el conducto normal y reglamentario. Aguilera añade que se debe a intereses personales de uno de los técnicos de Urbanismo al tener otro negocio de restauración próximo al que se pretende abrir y tenerlo como posible competencia, y posteriormente por coacciones. Y es que, según Aguilera, Tarrias cuando fue concejal de Urbanismo le coaccionó y chantajeó con que no tramitaría el expediente hasta que no retirara la querella que interpuso contra él un técnico de Urbanismo. El denunciante añadió a ABC que «a mitad del mandato anterior socialista, en 2010, el edil de Urbanismo, el señor Tarrias, tuvo mi expediente durante dos años en el cajón de su mesa, diciéndome que, hasta que no retirara la querella, mi expediente iba a estar frenado». Todas las reclamaciones del interesado hasta la fecha han sido, según el demandante, infructuosas y «tanto los técnicos municipales; funcionarios y responsables políticos han actuado en connivencia, para no tramitar el expediente e impedir la puesta en funcionamiento de mi negocio».


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