No abundan los estudios sobre este fenómeno. El último cifró su peso en 2009 en un 26% del PIB cordobés
Arrojar luz sobre el fenómeno de la economía sumergida en una provincia es una cuestión realmente compleja. De hecho, escasean los informes y estudios al respecto. Y Córdoba no es una excepción, aunque en este territorio tenga un gran peso esta lacra.
El último colectivo que se aventuró a despejar dudas sobre el alcance la actividad irregular fue el sindicato Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El pasado marzo hizo público un trabajo en el que indicaba que el dinero negro supuso en la provincia alrededor de 3.285 millones. Y en la última década los fondos que escapaban al control del fisco crecieron en un 30,3%.
Gestha indicaba que la crisis había disparado la tasa de la economía sumergida en Córdoba el pasado año hasta suponer al 26,1% del PIB. De hecho, indicaba que la bolsa de dinero negro había crecido en la provincia en la última década un 30,3%.
Otra de las escasas «linternas» estadísticas con la que se puede bucear en medio de la oscuridad que envuelve a esta práctica es la Encuesta de Población Activa (EPA) municipal que elabora ETEA. En su última edición, relativa a 2009, el 5% de los asalariados cordobeses declaraba trabajar en la economía sumergida.
Otro informe también puso el dedo en la llaga sobre la dimensión de este problema. fue el «Observatorio Anual del mercado de Trabajo Andaluz», que elabora Eseca (Caja Granada).
Según la encuesta que se realizó para la elaboración de este estudio hecha entre noviembre y diciembre de 2008, Córdoba era en ese momento el territorio andaluz con más trabajadores que se encontraban inmersos en la actividad económica irregular: un 11%.
A la cabeza del país en 2002
Pero, como esta lacra, desgraciadamente, no es un fenómeno nuevo en Córdoba también hay estudios mucho más antiguos que ya indicaban al peso de este fenómeno dentro de la provincia. Así, Córdoba acogió en septiembre de 2002 la presentación de uno de los análisis más detallados que se recuerdan sobre esta práctica ilegal. Lo elaboró el Consejo Económico y Social de Andalucía.
A través de la elaboración de un indicador sobre la ocultación económica, se determinó que Córdoba era la sexta provincia del país con más economía sumergida. En este análisis, se señalaba que los principales focos de actividad irregular se encontraban en la capital, Lucena, Puente Genil y Priego.
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